29 setembro 2009

La SIP condena violación de las libertades públicas en Honduras

"Califica de “absurda” medida que permite censurar a medios de comunicación que puedan perturbar la “tranquilidad nacional” y pide restablecimiento de señales de Canal 36 y Radio Globo.

- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda condena contra un decreto del gobierno de Honduras que prohíbe las libertades públicas como los derechos de asociación, reunión y de expresión; considerando, especialmente, como “medida absurda” que las autoridades puedan disponer la censura y cierre de aquellos medios de comunicación que pudieran estar “perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando psicológicamente a sus auditorios”.

En materia de libertad de prensa, el decreto dictado ayer y con vigencia para los próximos 45 días, fue aplicado esta mañana con el cierre de Canal 36 y Radio Globo, dos medios identificados con el depuesto presidente Manuel Zelaya, y sobre los que la SIP vino reclamando ante el gobierno para que puedan desarrollar su labor con libertad.

El presidente de la SIP, Enrique Santos, dijo que “más allá de las políticas editoriales que puedan tener los medios hondureños, absolutamente todos deben tener la libertad de informar como lo manda el Art. 72 de la Constitución, sin censura previa”. Agregó, que el decreto es una “medida absurda” que le da una licencia especial al gobierno para determinar sobre cualquier medio qué se puede o no informar, cómo quiere que se haga y, “peor aún, limita la capacidad de todo hondureño de informarse con total libertad”.

Santos , del diario colombiano El Tiempo, advirtió que “este decreto permite la censura discrecional y con conveniencia política”, contrastando con todo principio institucional sobre libertad de expresión como lo establece la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec, que establece que el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión “no es un concesión de las autoridades, sino un derecho inalienable del pueblo”.

El presidente de la SIP reclamó que “la democracia requiere para su reconocimiento como sistema, un respeto ineludible por la libertad de prensa y de expresión, más allá de las diferencias que se puedan tener sobre los criterios editoriales. Aceptar un decreto de esta naturaleza, es aceptar la censura y el cierre oficial contra cualquier medio de comunicación que se permita disentir con el gobierno o alguna de sus autoridades”.

El gobierno de Roberto Micheletti, en el poder tras el golpe de Estado del 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya, suspendió a partir de este domingo y por 45 días las garantías constitucionales, entre ellas, la libertad personal, la emisión del pensamiento, la libertad de asociación y de reunión y el derecho a circular libremente. Zelaya permanece en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el 21 de setiembre.

Robert Rivard, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordó que en estas últimas semanas la SIP vino protestando por todo tipo de atropellos contra medios de comunicación y periodistas, generados por las autoridades como por grupos afines al presidente Zelaya, al tiempo que recordó que fueron numerosas las condenas de la SIP contra el gobierno de Zelaya por sus políticas contrarias a la libertad de prensa.

Rivard, del diario San Antonio-Express News, pidió que “se restablezca la señal de los medios afectados, y que el estado de excepción no legitime la censura para que el derecho del público a saber no sea violado”.

El decreto del gobierno de Micheletti justifica las medidas adoptadas contra la libertad de prensa, considerando que “determinados medios de comunicación social hablados y televisados, están utilizando sus frecuencias autorizadas para generar odio y violencia contra el Estado, perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando psicológicamente a sus auditorios”. Por tales motivos, prohíbe, en su Art. 3, inciso 3, “emitir publicación por cualquier medio hablado, escrito o televisado, que ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos, o atenten contra le ley, y las resoluciones gubernamentales; o de cualquier modo atenten contra la paz y el orden público; los órganos competentes del Estado en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quedan autorizados a para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistema de cable que no ajuste su programación a las presentes disposiciones”.

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